Taboada: "No hay otra alternativa para la generación de empleo que no sea la minería"

El secretario general de Camioneros, Jorge Taboada, advirtió sobre el colapso del sector petrolero en Chubut y planteó a la minería como la única alternativa viable

La crítica situación que atraviesa la industria petrolera en Chubut está abriendo paso a un debate inevitable: ¿Es la minería, incluida la explotación de uranio, la única alternativa económica viable para la provincia? Para Jorge Taboada, secretario general del gremio de Camioneros, la respuesta es clara.

“Así como está la situación petrolera en la provincia del Chubut, no queda otra alternativa que recurrir a la actividad minera”, expresó con firmeza. Taboada sostiene que el modelo petrolero tradicional está agotado y que las inversiones se han desplazado definitivamente hacia Vaca Muerta. "La actividad petrolera tal cual la conocemos históricamente no va a volver a la región. ¿Por qué? Porque, por una cuestión netamente económica o de inversión, se van a Vaca Muerta", explicó.

Este desplazamiento dejó tras de sí un fuerte impacto: “Acá van a dejar, ya dejaron, un enorme pasivo laboral, un montón de gente sin puesto laboral, y por supuesto un pasivo ambiental que nadie se ha hecho cargo”.

Frente a este panorama, el sindicalista plantea que “no hay otra alternativa para la generación de empleo que no sea la minería”. En ese marco, destacó que la semana pasada se reunió con el gobernador Ignacio Torres en Rawson, donde volvió a plantear la urgencia de discutir seriamente esta opción. "Después hay que ver cuáles son las condiciones de quienes vienen a explotar la minería. La ley que derogó Arcioni por cobardía era buena para la provincia. Hay que ver ahora con el RIGI si se mantienen esas condiciones o son mejores o peores".

Pero Taboada no propone una aceptación ciega, sino una discusión abierta y transparente. "Yo no estoy en contra de que se debatan estos temas, pero debatámoslo, traigámoslo a la mesa, hablémoslo. Hablemos de impacto ambiental, hablemos de cómo va a afectar esto a la tierra, hablemos de cómo va a beneficiar también".

También remarcó la importancia de garantizar el empleo local: “Pongamos condiciones que deje trabajo a los chubutenses, porque con el petróleo no sucedió eso, y ahora estamos viviendo las consecuencias”.

En un contexto de crisis y transición económica, las palabras de Taboada reflejan una tensión creciente en Chubut: la necesidad urgente de empleo frente al histórico rechazo social a la megaminería. La discusión está servida.

El pedido que hizo el gobierno de Chubut para que CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) le devuelva las propiedades mineras de uranio que tiene bajo su operación, deja en claro la decisión de avanzar en el aprovechamiento de ese recurso. El método de extracción es el factor clave, porque no vulnera las normativas ambientales que hoy prohíben la extracción metalífera a cielo abierto y con uso de cianuro. Además de las áreas en manos de la empresa estatal, también hay prospecciones avanzadas de privados.

A poco de hablar con especialistas en la materia se verá que el potencial de la producción uranífera en Chubut puede ser un peldaño importante para generar actividad económica, indispensable para un Estado que debe afrontar crecientes obligaciones.

Y si bien no puede podría esperarse una tabla definitivamente salvadora, al menos conviene examinar de cerca cuáles son las características del recurso y cómo podría mejorar la ecuación económica y social, sobre todo en regiones que no tienen otras alternativas de producción.

El gobierno de Chubut mostró días atrás su decisión de avanzar en la explotación del uranio. Así se reflejó en los términos de la carta documento enviada a la Comisión Nacional de Energía Atómica, firmada por el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, para que la empresa nacional devuelva las “propiedades mineras” que tiene bajo su órbita.

Calfrac y Superior también se irían de Chubut, según advirtió el sindicato petrolero

El contexto explica esa decisión. Una crisis petrolera en ciernes y un gobierno nacional que exige a las provincias arreglarse con lo que cada una produce forman parte de ese ‘pliego de condiciones’.

El recorte de recursos enviados desde el poder central, que se refleja en decisiones como el cierre definitivo de obras de mantenimiento por parte de Vialidad Nacional, es una tendencia que, por lo visto en los últimos 15 meses, seguirá profundizándose.

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